2010/04/14 http://www.eitb.com

Organizaciones humanitarias y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel confían en que las "víctimas de la dictadura franquista" se vayan sumando paulatinamente a esta querella.

Organizaciones humanitarias de Argentina y España, junto al Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, han presentado hoy en los tribunales de Buenos Aires una demanda para que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco.

La denuncia ha quedado en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, han informado a Efe portavoces de los demandantes.

Los organismos humanitarios y el argentino Pérez Esquivel confían en que las "víctimas de la dictadura franquista" se vayan sumando paulatinamente a esta querella, han agregado.

Esta "querella criminal" por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad" abarca al período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, según el texto, presentado ante la jueza Servini de Cubría, al que ha tenido acceso Efe.

En España, sostiene, hubo "un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes". (...)

Varios de los testigos explican a ‘Público' por qué la Ley de Amnistía no protege los crímenes del franquismo

2010/04/12 Público.es PERE RUSIÑOL – Madrid (Nos llega vía Foro por la memoria)

Son 15 juristas o expertos de primera división mundial que suman décadas estudiando los derechos humanos y la legislación internacional. Han lidiado con los fueros que gracias a variantes diversas de leyes de amnistía protegían a dictadores como Slobodan Milosevic, Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, entre otros. Y fueron citados por Baltasar Garzón como testigos para tratar de demostrar al Tribunal Supremo que no prevaricó al tratar de investigar los crímenes del franquismo.

Pero Luciano Varela, el juez instructor de la causa contra Garzón, los ventiló a todos de un plumazo en el auto del 7 de abril: no es necesario escucharles.

A algunos les rechaza educadamente porque dice que ya han dejado por escrito sus posiciones, pero a otros se los saca de encima sin ocultar el malestar que le genera la sugerencia. Por ejemplo, el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo, reclamado en su condición de miembro del Grupo de Expertos designado en el sumario de Garzón: “No se expone qué tipo de experiencia ha puesto a contribución en la causa en su día tramitada, tampoco resulta útil para hacer visible la intencionalidad del imputado”, sostiene Varela en su auto, que Garzón recurrió el sábado. (...)

También se querellan contra el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra.

2010/04/12 Publico.es (Noticia de EUROPA PRESS)

La Asociación Memoria de Mallorca (MdM) y la de Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña (ARMHC) presentaron hoy una querella por prevaricación contra el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela y contra el presidente de la Sala de lo Penal de este órgano, Juan Saavedra, al considerar que ambos cometieron prevaricación en las resoluciones que llevarán al banquillo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con su investigación de los crímenes franquistas.

La representante de la Coordinadora de Colectivos de Víctimas Franquistas, Llani Alvarez, fue la encargada de presentar la querella y leyó un comunicado a las puertas del alto tribunal señalando que ambos magistrados han vulnerado el derecho con el fin de sentar a Garzón en el banquillo, lo que supone "un ataque frontal contra las víctimas" de la represión franquista, a las que dejan en un "total desamparo".

2010/04/09 Diario de Noticias (EFE)

LOS RESTOS FUERON TRASLADADOS AYER A SAN SEBASTIÁN PARA SU ESTUDIO ANTROPOLÓGICO La bandera republicana y flores con una cinta en la que se leía "dignidad" presidieron el homenaje dispensado ayer en la fosa.

AIBAR. El alcalde de Aibar, José Manuel Martínez Aldunate, acompañado por el concejal del mismo municipio Fermín Martínez, puso ayer en conocimiento del juzgado de Aoiz el hallazgo y exhumación de los restos de cuatro personas que fueron fusiladas durante la Guerra Civil. Los restos óseos de estas cuatro personas que, según diversos testimonios corresponderían a Blas Dolorea Baztán, Segundo Dolorea Martínez, José Oneca Benedit, de Cáseda, y Gregorio Oroz Buey, de Sangüesa, fueron trasladados pasadas las dos de la tarde a San Sebastián donde los forenses de la Sociedad Aranzadi procederán al análisis antropológico y confirmar su identificación.

(...) 

2010/03/27 NATALIA JUNQUERA. ELPAIS.com

El Gobierno ya sabe cuántas personas hay enterradas en la mayor fosa común de España, el Valle de los Caídos, o al menos cuántas hay registradas: 33.833, incluido el dictador Francisco Franco. Es el equivalente a los habitantes de la ciudad de Teruel. Como el general, sólo 21.423 están identificadas, según fuentes del Ministerio de Justicia. El resto - 12.409 - figuran como desconocidas.

La elaboración de este censo es el primer paso para autorizar exhumaciones, el deseo de muchas familias de republicanos cuyos restos fueron sacados de la fosa común donde yacían y trasladados al Valle de los Caídos, es decir, enterrados junto a su verdugo, Franco. IU, ERC e ICV instaron al Gobierno en 2008 a elaborar este censo con el fin de devolver los cuerpos a sus familiares. Un año después, el 30 de septiembre de 2009, el Congreso aprobó la iniciativa, a la que se había sumado otra de Na Bai, para cuantificar los restos y facilitar su traslado. El compromiso era tener el censo listo antes de seis meses. Ese plazo expiraba el 31 de marzo. Ahora, el paso siguiente es que el Ministerio de la Presidencia abra la línea de subvenciones para proyectos de recuperación de la memoria histórica, el mecanismo a través del cual se canalizarán las peticiones de exhumación de los familiares de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos, según las mismas fuentes.

2010/03/25 Robbert Bosschart en RNW.NL (Desde Holanda)

Los jueces del Tribunal Supremo están dispuestos a que España haga el espantoso ridículo de convertirse en un país que se arroga el derecho de investigar crímenes contra la humanidad en cualquier lugar del globo – menos dentro de sus propias fronteras. El Supremo acaba de decidir que se mantenga una acusación contra un magistrado que quiso investigar crímenes de guerra cometidos por subordinados del general Franco durante la Guerra Civil española. Esa acusación dice que “abusó de sus poderes” al querer buscar datos sobre esos crímenes, pues, dice el acusador, ya están amnistiados. Da la casualidad – pero cualquier cosa menos casualidad, claro – que el acusado es el juez Baltasar Garzón, mundialmente famoso por haber hecho detener al general Pinochet precisamente por crímenes contra la humanidad (...)